El principio de inmediatez establece que las decisiones tomadas en actuaciones procesales deberán notificarse a las partes oportuna y razonablemente a la ocurrencia de los hechos. Recientemente, la Corte Suprema de Justicia precisó cuestiones sobre su aplicación en un proceso disciplinario laboral.
La acción de tutela debe interponerse dentro de un término razonable y proporcional respecto del momento de la amenaza o vulneración de los derechos fundamentales; interponerla oportunamente impide que se convierta en factor de inseguridad, evitando que afecte derechos a terceros.