El Congreso de la República está evaluando la viabilidad fiscal y jurídica del proyecto de ley que pretende ser un paliativo para los empresarios mediante dos ejes: la ampliación del Programa de Apoyo al Empleo Formal –Paef– y del Programa de Apoyo para el Pago de la Prima de Servicios –PAP–.
La Ley de pago a plazos justos busca proteger a las micro, pequeñas y medianas empresas que son sometidas por instituciones con mayor poder económico a procedimientos de facturación y pagos gravosos, dejándolas eventualmente sin la capacidad financiera para responder a sus obligaciones más urgentes.
Durante el período que dure la suspensión de un contrato laboral, el empleado no está obligado a trabajar, teletrabajar o trabajar desde su casa, pero el empresario tampoco está obligado a pagar salarios ni auxilio de transporte, ni a aportar a riesgos laborales.
Debido a los lineamientos de prevención del COVID-19 o coronavirus por parte del Minsalud, en los que declara la suspensión de eventos presenciales, todas las reuniones ordinarias de los máximos órganos sociales de personas jurídicas deberán realizarse por medios no presenciales.