Etiqueta: julio 25 2017

Por la cual se establece el grupo de obligados a suministrar a la UAE DIAN la información establecida en el Decreto 731 de 2017 (para acogerse al tratamiento especial en materia de IVA, retención en la fuente e impuesto de renta), se señala el contenido, las características técnicas para la presentación y se fijan los plazos para la entrega.

Por el cual se establecen los criterios para el reconocimiento y pago del auxilio de transporte en el orden territorial.

Considerando que mediante la Ley 1822 de 2017 se modificó el artículo 236 del Código Sustantivo del Trabajo, ampliando a 18 meses la licencia de maternidad, y que era necesario hacer precisiones sobre las nuevas reglas jurídicas contenidas en dicha ley, el Ministerio de Salud expidió la Circular Externa No. 00000024 del 19 de julio de 2017, a través de la cual establece las directrices para el reconocimiento y pago de las licencias de maternidad y señala que es requisito que la afiliada cotizante haya realizado aportes durante los meses correspondientes al período de gestación. En caso de que haya cotizado por un período inferior al de la gestación, se deberá reconocer y pagar proporcionalmente un monto que equivaldrá al número de días cotizados frente al período de gestación. Por otra parte, si durante el período de gestación de la afiliada el empleador o la cotizante independiente no realizaron el pago oportuno de las cotizaciones, la licencia de maternidad se reconocerá solo si a la fecha ya se realizó el pago total de las cotizaciones adeudadas con los respectivos intereses de mora por el período de gestación. La circular también establece las directrices para el reconocimiento de la licencia de maternidad en situaciones particulares de parto y cuando se presenta aborto o parto prematuro, y sobre la licencia de paternidad y de madre o padre adoptante.

Para efecto de “la mayoría” con la que debe aprobarse el acuerdo de reorganización existen cinco categorías de acreedores; entre estos se encuentran: los acreedores internos, conformados por los socios o accionistas de las sociedades; el titular de las cuotas o acciones en la empresa unipersonal y los titulares de participaciones en cualquier otro tipo de persona jurídica. En el caso de la persona natural comerciante, el deudor tendrá dicha condición. Una vez definidos los sujetos que ostentan la calidad de acreedores internos, se deberán calcular los votos a que tienen derecho, multiplicando el porcentaje de participación en el capital por la cifra que resulte de restar del patrimonio, las partidas correspondientes a utilidades decretadas en especie y el monto de la cuenta de revalorización del patrimonio, así haya sido capitalizada, de acuerdo con el balance e información con corte a la fecha de admisión al proceso de insolvencia. Si el patrimonio es negativo, cada accionista tendrá derecho a un voto. Por otra parte, cabe precisar que el hecho de que el acuerdo de reorganización se encuentre aprobado con el voto favorable de un número plural de acreedores que representen, por lo menos, el 75%, no significa que pueda permitirse la confirmación por parte del juez del concurso, conforme al mandato del artículo 35 de la Ley 1116 de 2006.

Cuando el contador público firma las declaraciones está certificando que las operaciones registradas en los libros se sometieron a las retenciones que establecen las normas vigentes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 581 del ET.

El CTCP recuerda que las entidades sin ánimo de lucro están sometidas al cumplimiento de la Ley 1314 de 2009, por lo cual es un mandato expreso normativo y de obligatorio cumplimiento para estas, dado que están obligadas a llevar contabilidad. Por lo anterior, deben clasificarse en el grupo que les corresponda en función de las condiciones señaladas en los anexos del Decreto 2420 de 2015, pues no se ha definido ningún régimen especial para ellas ni para ninguna otra entidad del sector privado. Asimismo, precisa que las fundaciones que se encuentran ubicadas en el Grupo 3 (que consiste en un estándar sencillo de aplicar), no requieren conocimientos especializados más allá de la contabilidad básica, pues el estándar que estas deben aplicar resulta mucho menos complejo que el Decreto 2649 de 1993.

El CTCP precisa que el revisor fiscal de una copropiedad residencial puede ejercer como administrador de esta, una vez haya transcurrido un año contado a partir de la su renuncia como revisor fiscal de la misma.

La Corte Constitucional reitera que el derecho a la estabilidad laboral reforzada no puede entenderse únicamente como la limitación que existe para retirar al trabajador que ha sufrido una disminución en su estado de salud, sino también como la posibilidad que tiene ese trabajador de ser reubicado en un puesto que pueda desempeñar conforme a sus condiciones de salud. La reubicación laboral es una forma de conciliar los intereses de ambas partes (trabajador y empleador), en tanto que se le permite a la persona afectada en su salud potencializar su capacidad productiva y realizarse profesionalmente, pese a la condición que le sobrevino y a la empresa o entidad, maximizar la productividad de sus funcionarios.