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Mediante la presente sentencia, la Sala de lo Contencioso Administrativo concluye que el avalúo o autoavalúo de los bienes inmuebles aceptado como costo fiscal es el que aparezca en cualquiera de las dos declaraciones (declaración del impuesto de renta y/o declaración del impuesto predial).

Mediante la presente sentencia se reiteró que para acceder a la exención del impuesto predial deben cumplirse los requisitos previstos en el Acuerdo 106 de 2003, a saber, que la actividad que desarrolle el interesado no sea con fines lucrativos y que este sea el propietario del inmueble objeto de exoneración.

El Consejo de Estado precisa que es procedente la gradualidad de la sanción por extemporaneidad en la entrega de la información. Así mismo, y a comparación de la omisión en la entrega de la información, lo cual afecta el proceso de investigación y fiscalización de la Dian, la entrega tardía de la información le genera un menor perjuicio a la misma, siempre y cuando la demora sea mínima.
De igual manera, basándose en el artículo 651 del ET, la frase “hasta el 5%” le está dando un margen a la Dian para graduar la sanción.
En la presente sentencia, el Consejo de Estado gradúa la sanción al 1%, ya que la información fue entregada en el término de la respuesta al pliego de cargos.

Mediante la presente sentencia se reiteró que el impuesto de alumbrado no grava la actividad de explotación de petróleo, puesto que el hecho imponible es el servicio de alumbrado público que se presta a toda la comunidad y el hecho generador es ser usuario potencial o directo de tal servicio.

Mediante la presente sentencia, el Consejo de Estado reitera que, la administración está obligada a notificar la liquidación de revisión dentro del término señalado en el ordenamiento tributario, sin que se puede extender el término por el hecho de que el último día del plazo fue inhábil.

El término de firmeza de una declaración de IVA, que presenta saldos a favor solicitados en devolución, empezará a contar a partir de la presentación de dicha solicitud, según lo planteado en el artículo 714 del Estatuto Tributario.

Mediante la presente sentencia, se estipula que el término para que la Dian resuelva los recursos de reconsideración o reposición es de un año; dentro de dicho término, se involucra su debida notificación. Cuando esta última se hace por fuera del tiempo previsto, el proceso puede ser considerado nulo.

El hecho de que la contabilidad cumpla con los requisitos de orden formal, no impide que se le reste validez si se comprueba que no existen pruebas necesarias de credibilidad, por ejemplo, documentación de los pagos y demás operaciones. Por ende, la Dian puede sancionar al contribuyente.

Mediante la sentencia 0349-16 de 2018, el Consejo de Estado recordó los factores que hacen que el contrato de prestación de servicios pase a ser un contrato laboral: la subordinación, situación en la que se exige al servidor público el cumplimiento de órdenes en cualquier momento; la permanencia, que hace referencia a que la labor sea inherente a la entidad; y la equidad o similitud frente a los empleados de planta.
Cabe resaltar que, por más que se declare la existencia de la relación laboral y se le reconozcan los derechos económicos laborales, no se le puede otorgar la calidad de servidor público, ya que para ello es indispensable que se den los presupuestos de nombramiento o elección y su correspondiente posesión.

Mediante la Sentencia 11001-03-24-000-2009-00417-00 de 2018, el Consejo de Estado estableció los criterios y factores de análisis para definir la conexión competitiva entre dos marcas, siendo en la presente norma las marcas “IMPULSOR” (mixta) e “IMPULSOR” (nominativa).
Por lo anterior, el Consejo de Estado estableció seis criterios de definición de conexión competitiva, acogiéndose a la interpretación prejudicial que anteriormente había hecho el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Dichos criterios son:
1) Inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor.
2) Canales de comercialización.
3) Medios de publicidad.
4) La relación o vinculación entre productos.
5) El uso complementario o conjunto de productos.
6) El género de estos.

ediante la presente sentencia, el Consejo de Estado concluye que, los pagos realizados por medio de bonos SODEXHO PASS a los vendedores de telefonía celular en el año 2005 se consideran comisiones, por ende, se le debió aplicar la retención de que trata el artículo 392 del ET.

El Consejo de Estado reiteró que el régimen salarial aplicable a los servidores públicos vinculados al sector salud de las fuerzas militares es el previsto para los empleos de la rama ejecutiva.