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La Dian concluye que el impuesto de industria y comercio correspondiente al 2018 pero pagado en 2019 no podía ser tomado como descuento tributario, sino como una deducción en el año gravable 2018.

El Consejo de Estado indicó que el libro diario, y el libro mayor y balance son obligatorios para quienes desarrollan la actividad comercial, y entre estos existe un vínculo indivisible, puesto que el libro mayor y balances se alimenta de los totales de los débitos y créditos del libro diario, para consolidar en el mes los saldos de las cuentas.

El Consejo de Estado señaló que la corrección efectuada a la declaración del impuesto sobre la renta puede incluir, además de los ingresos propuestos por la autoridad tributaria, costos asociados a ellos, aunque estos no hayan sido contemplados en los actos administrativos.

El Consejo de Estado reitera que toda actuación tributaria deberá ser notificada a través de la dirección del contribuyente, puesto que el artículo 555-2 del ET establece que el RUT constituye el mecanismo único para identificar, ubicar y clasificar a los contribuyentes.

Mediante la presente sentencia, la Sala de lo Contencioso Administrativo concluye que el residente fiscal que declaró el impuesto a la riqueza por su patrimonio al 1 de enero de 2015 debe declarar para los años posteriores el patrimonio poseído a nivel mundial.

El CTCP se pronunció frente a la consolidación de los estados financieros de una iglesia con sedes en el exterior, para lo cual concluye que se deben reconocer, dentro de los estados financieros de la iglesia en Colombia, los hechos económicos de la sucursal.

Para la procedencia de los costos y deducciones en el impuesto sobre la renta, así como de los impuestos descontables en el impuesto sobre las ventas, el artículo 771-2 del Estatuto Tributario señala que se solicitan las facturas expedidas con el cumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos 617 y 618 ibídem.
No se requiere expedir factura en las operaciones realizadas por bancos, corporaciones financieras, de ahorro y vivienda, las compañías de financiamiento comercial, ni en las ventas efectuadas por los responsables del régimen simplificado, según lo establecido en el artículo 616-2 del ET.
En la presente norma también se trae a colación la Sentencia 18752 de 2013, en la cual se expresó que la presentación de la factura como prueba para la procedencia de los costos y deducciones constituye una exigencia legal.

Para que se configure la causal de irregistrabilidad marcaria de que trata el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, es necesario que entre el signo solicitado y la marca registrada se genere un riesgo de confusión o asociación, derivado del cumplimiento de dos supuestos:
En primer lugar, el signo solicitado debe ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada a favor de un tercero y, en segundo lugar, debe existir identidad o conexión entre los productos o servicios que pretende identificar cada una de las marcas.
Por lo anterior, el Consejo de Estado concluye que el riesgo puede ser directo o indirecto.

La Sección Cuarta del Consejo de Estado recordó que el trámite de cobro coactivo implica la preexistencia de un acto administrativo ejecutoriado que imponga la obligación de pagar una suma de dinero, en los casos previstos en la ley, a favor de la nación, de una entidad territorial o de un establecimiento público.
Por su parte, el artículo 831 del Estatuto Tributario señala que, contra el mandamiento de pago proceden 7 excepciones, dentro de las cuales la última corresponde a “la falta de título ejecutivo o incompetencia del funcionario que lo profirió”, por lo cual esta impide adelantar el cobro coactivo cuando la deuda que se pretende ejecutar no se ha determinado en alguno de los documentos a los que el ordenamiento tributario reconoce como títulos ejecutivos.

Mediante la Sentencia 20607 de 2018, el Consejo de Estado reitera que el hecho de que mediante ley se ordene efectuar la retención en la fuente al momento de pago o abono en cuenta, no faculta a los contribuyentes para que elijan el período en que pueden deducirlas del impuesto sobre la renta, ya que estas solo se pueden detraer en el período en el que se incluya el ingreso del cual se derive.
Puesto que, aunque en los artículos 365 a 367 del ET se establece que dicha retención se efectúa sobre pagos o abonos en cuenta, ello no afecta el criterio de la anualidad respecto al impuesto de renta y la determinación del pago del impuesto por cada año gravable.

Mediante la presente sentencia, el Consejo de Estado concluye que para que los certificados expedidos por el contador público o el revisor fiscal sean válidos, deben llevar al convencimiento del hecho a demostrar y estar sujetos a las normas que regulan el valor probatorio de la contabilidad.

El Consejo de Estado, mediante la Sentencia 20734 de 2018 declaró que el pago a título de canon o regalías a empresas vinculadas extranjeras sobre intangibles licenciados no siempre constituye una condición de venta de mercancías importadas y, por lo tanto, no hace parte del valor en aduanas ni deben ajustarse las sumas a pagar por concepto de tributos aduaneros.
En la presente sentencia se trae a colación la Resolución 000846 de 2003, donde se encuentran establecidos los parámetros, requisitos y reglas para adicionar al valor de transacción el precio pagado por cánones o regalías.
También se advierte que el pago es una condición de venta, cuando las ventas de las mercancías determinan que el importador deba pagar dicho canon o cuando se presente la imposibilidad de separar el pago del canon de aquel correspondiente a la venta de las mercancías importadas.