Etiqueta: semana 16 de octubre

El CTCP señala que el revisor fiscal que actúe como principal en sociedades no puede ejercer el cargo en ninguna otra, ni siquiera para suplir la ausencia temporal del principal; una actuación contraria daría lugar a sanciones por parte del Tribunal Disciplinario de la Junta Central de Contadores.

La dación en pago surge del acuerdo voluntario de las partes de un crédito (acreedor y deudor) en donde el acreedor acepta voluntariamente del deudor principal, en descargo de la deuda, la entrega material de una cosa distinta del objeto de la prestación inicialmente debida, con la correspondiente transferencia de la propiedad. La dación en pago, como modo de extinción de las obligaciones, resulta procedente para el pago de obligaciones de naturaleza tributaria siempre y cuando sea autorizada por la corporación pública de la entidad territorial y reglamentada por parte de la administración, en orden a precisar su alcance y las formalidades propias de esta figura jurídica. En todo caso, la reglamentación y aplicación de este mecanismo se sujetará a las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que correspondan, dentro de ellas las referidas a planeación, presupuesto y contratación pública.

De acuerdo con el artículo 143 de la Ley 488 de 1998 que trata sobre la base gravable del impuesto sobre vehículos automotores, en aquellos casos en los que dentro de la tabla de avalúos expedida por el Ministerio de Transporte no figuren determinados vehículos que son objeto de impuesto, para efectos de su liquidación se podrá acudir al avalúo del vehículo incorporado en la resolución que más se asimile a sus características. Es decir que la autorización para determinar la base gravable de los vehículos no incorporados a partir de aquel que más se le asimile, no parte de la resolución expedida por el Ministerio de Transporte, sino que se trata de un mandato legal. Cabe señalar que dicho artículo no condiciona la determinación de la base gravable en esos términos a una decisión de orden administrativo, es decir que no se hace necesario que el departamento, como sujeto activo, o el Ministerio de Trasporte, emitan un pronunciamiento para que el contribuyente cuyo vehículo no se encuentre incluido en la resolución expedida por esa cartera determine la base gravable tomando el avalúo del vehículo que más se asimile en sus características al suyo.

Respecto al registro contable que debe realizar la sociedad en liquidación que distribuye parcial pero definitivamente antes del acta final de liquidación los remanentes a los accionistas de conformidad con el artículo 241 del Código de Comercio, la Supersociedades señala que el derogado Plan Único de Cuentas para Comerciantes no contempla la forma como debe reflejarse en la contabilidad la distribución parcial de remanentes en la liquidación; no obstante, señala que podría llevarse en una cuenta de patrimonio contraria a su naturaleza que bien podría denominarse “Distribución Anticipada de Remanentes”, por el valor de lo distribuido anticipadamente. Precisa la entidad que reflejar el valor distribuido anticipadamente en el patrimonio en una cuenta contraria a su naturaleza, y no con la afectación directa a las cuentas sujetas a ello, es coherente con el tratamiento que debe dar el accionista a los recursos recibidos bajo esta modalidad, dado que si este inversor los reconoce como menor valor de su participación estaría tratando el hecho económico como una liquidación parcial de la inversión, lo cual jurídicamente no ha ocurrido y demostración de ello es el registro que debe hacer la sociedad en liquidación, que de modo alguno es la afectación a capital.

El efectivo, equivalentes de efectivo, inversiones, pasivos, ingresos y/o gastos en que se incurra en el desarrollo de las funciones que tiene a cargo el liquidador o el mandatario en relación con el liquidado, le pertenecen al liquidado y se deberán registrar en la contabilidad del liquidado, aplicando el marco normativo para entidades que no cumplen la hipótesis de negocio en marcha. Cabe señalar que la labor del representante legal de la liquidación y del mandatario frente al liquidado es de gestión, por ende, los activos, pasivos, ingresos y gastos que surgen del proceso de liquidación son del liquidado y se incorporan a la contabilidad de este. No obstante, es posible que en la labor de encargo, el mandatario reciba ingresos que corresponden al liquidado, por tanto, este tendrá un pasivo con el liquidado. Por otra parte, el liquidador deberá registrar en su contabilidad el derecho que tiene a la remuneración pactada por ser el representante legal de la entidad que se está liquidando, aplicando el marco normativo que le corresponde como liquidador.

Al resolver consulta respecto de si es necesario la anulación de facturas y la generación de unas nuevas, dado que algunos clientes no reciben facturas con fechas posteriores al 20 o 25 de cada mes; el CTCP precisa que cuando un cliente no recibe la factura y la fecha de esta es distinta a la de la transferencia de los bienes o servicios involucrados, no es necesario tener que facturar formalmente para luego anular lo facturado. Pueden usarse otras alternativas para incluir la transacción en la contabilidad, por ejemplo, controlar los valores por cobrar en una sub cuenta de ingresos no facturados, elaborar notas contables como soporte del registro o cualquier otro procedimiento que garantice la integridad de la información y también un control interno apropiado a las circunstancias. Asimismo, el Consejo señala que aunque el reconocimiento del ingreso se debe hacer en el mes en el que se cumplen los criterios exigidos por el marco técnico respectivo para el efecto, la factura puede elaborarse en un momento diferente.

El desarrollo de actividades por parte del revisor fiscal materializan una coadministración que puede afectar el cumplimiento de los principios de ética, particularmente el de independencia.

La Dian no tiene competencia para certificar la calidad de “utilidad común” de un proyecto de inversión, pero reitera que para acceder al beneficio de la exención para las donaciones de gobiernos o entidades extranjeras es necesario cumplir los requisitos señalados en el artículo 1.3.1.9.5 del Decreto único reglamentario 1625 de 2016.

Al resolver consulta sobre el pago de obligaciones tributarias con documentos especiales, la Dian precisa que los certificados de recobros aprobados, enviados a la EPS por el director de la Administración de Fondos de la Protección Social del Ministerio de Salud y Protección Social, no solo no están consagrados en la ley como instrumentos de pago de obligaciones tributarias, sino que, conforme a lo preceptuado en el artículo 13 de la Resolución 4244 de 2015 del Ministerio de Salud y Protección Social, el pago de las solicitudes de recobro y reclamaciones se efectúa directamente a las instituciones prestadoras de servicios de salud –IPS– habilitadas previamente reportadas por las entidades recobrantes, a las entidades reclamantes y a las personas naturales. El pago se realiza a la cuenta bancaria registrada ante el administrador fiduciario de los recursos del Fosyga o quien haga sus veces.

El tratamiento contable de un contrato de cuentas en participación depende de los derechos y obligaciones de los partícipes de las características del acuerdo. Con base en esta información, el contrato puede clasificarse, según las circunstancias, como un acuerdo conjunto y tratarse como un negocio conjunto o como una operación conjunta, de acuerdo con la sección 15 del marco técnico normativo para pymes.

El CTCP aclara que no es una entidad competente para requerir información a las entidades, por tal razón, no cuenta con estadísticas de la cantidad de empresas que pertenecen a cada uno de los grupos.

Respecto a las propiedades de inversión medidas al valor razonable en la fecha sobre la que se informa, el CTCP precisa que los cambios en el valor razonable se reconocen en resultados.