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El 13 de noviembre de 2019, por medio de la Sentencia C-533, la Corte Constitucional declaró exequible el artículo 5 del Decreto 4334 de 2008. Al respecto, cabe resaltar que dicho decreto establece el procedimiento de intervención administrativa mediante el cual se suspenden las actividades relacionadas con la captación masiva e ilegal de dineros del público a través de pirámides, tarjetas prepago, entre otras operaciones no autorizadas por el Estado. En su artículo 5 se estableció que la Superintendencia de Sociedades podría realizar la intervención del patrimonio, bienes y haberes de los contadores públicos y revisores fiscales de las entidades objeto de intervención.
Atendiendo lo dispuesto en la Sentencia C-533 de 2019 la Corte Constitucional aclaró que los contadores y revisores fiscales que hubieran procedido de buena fe, y en el ámbito de sus actividades licitas ordinarias o habituales, no son sujetos de intervención por parte de la Supersociedades.

Uno de los temas más discutidos hoy en día tiene que ver con los efectos tras la caída de la Ley 1943 de 2018 y con la nueva reforma tributaria que se está estudiando en el Congreso, lo cual implica que el profesional contable debe estar a la vanguardia de cada una de estas novedades.

El 5 de noviembre de 2019, mediante la Sentencia C-521, la Corte Constitucional declaró exequible el artículo 27 de la Ley de financiamiento, en el cual se encargó de modificar el artículo 242 del Estatuto Tributario –ET–, elevando las tarifas de tributación que se tendrán que aplicar en la cédula de dividendos de las personas naturales y sucesiones ilíquidas residentes. También declaró exequibles los artículos 36, 37 y 38 de la misma ley en lo relacionado con el hecho generador, la base gravable y la tarifa del impuesto al patrimonio.
La Corte Constitucional manifestó que, aunque haya gran diferencia entre las tarifas de renta que usarán los trabajadores y las que usarán quienes perciban dividendos, es claro que al ingreso bruto de los asalariados sí les puede restar primero una gran cantidad de valores por ingresos no gravados, deducciones y rentas exentas, algo que no se puede hacer dentro de la cédula de dividendos.

El 30 de octubre de 2019, mediante la Sentencia C-514, la Corte Constitucional declaró exequible de forma condicionada la norma del numeral 6 del parágrafo 3 del artículo 437 del ET (creado con el artículo 4 de la Ley 1943 de 2018), y en el cual se estipula el nivel de consignaciones que se deben cumplir para que una persona natural que vende bienes o servicios gravados con IVA pueda operar como no responsable del IVA. La sentencia en mención también declara exequible condicionalmente el artículo 113 de la Ley 1943 de 2018, y sin condicionamientos el artículo 102 de la misma.
La Corte Constitucional manifestó que a la hora de medir ese nivel de consignaciones que se deben cumplir para que una persona natura opere como no responsable del IVA solo se deberá tomar en cuenta las consignaciones por ventas de bienes gravados con IVA o de servicios gravados con dicho impuesto, lo cual dejaría por fuera otro tipo de consignaciones.

La Corte Constitucional tumbó con efecto inmediato el artículo, incluido en la Ley de financiamiento, que impuso una sobretasa de renta al sector financiero de 4 puntos porcentuales, por no contar con el aval del Gobierno.

El 29 de octubre de 2019, mediante la Sentencia C-510, la Corte Constitucional declaró inexequible el parágrafo 7 del artículo 240 del Estatuto Tributario –ET–, el cual había sido adicionado por el artículo 80 de la la Ley 1943 de 2018, Ley de financiamiento, en el que se estipulaban nuevas reglas fiscales para las entidades financieras. Según dicho parágrafo, las entidades bancarias estaban obligadas a pagar cuatro puntos más en renta que el resto de las empresas.
La Corte Constitucional manifestó que la proposición para la inclusión de las normas demandadas no fue sometida a discusión ni a votación en el curso del primer debate ante las comisiones conjuntas del Senado y Cámara. Por lo anterior, dichos parámetros no tuvieron el aval expreso del Ministerio de Hacienda, ni el de nadie del Gobierno y, en consecuencia, debía declararse inconstitucional.

El 16 de octubre de 2019, mediante la Sentencia C-481, la Corte Constitucional declaró inexequible en su totalidad la Ley 1943 de 2018 (Ley de financiamiento), pues la Cámara dio luz verde al texto aprobado un día antes por el Senado, sin que se hubiera publicado en la gaceta del Congreso, desconociendo así los principios de publicidad y consecutividad. También se estipula que la declaración de inexequibilidad surtirá efectos a partir del 1 de enero de 2020.
La Corte Constitucional advierte que, en caso de que para el 31 de diciembre de 2019 no se haya promulgado y publicado una nueva ley, para el 2020 los contribuyentes tendrían que enfrentarse a la misma tributación que existía al cierre de 2018.

Entre los temas de mayor impacto en la actualidad, se encuentra la expectativa ante la posible caída de la actual reforma tributaria, Ley de financiamiento 1943 de 2018. Todo indica que en octubre del año en curso la Corte Constitucional decidirá si la misma es declarada inconstitucional o no.

Todo indica que en octubre de 2019 la Corte Constitucional declarará la inconstitucionalidad de la Ley de financiamiento. Una vez se conoció extraoficialmente la noticia, tanto el Gobierno nacional como los gremios se manifestaron a favor de esta y lanzaron una alerta en caso que se le dé de baja.

Lo anterior ocurriría en caso que la Corte Constitucional acepte la demanda que existe contra la Ley 1943 de 2018, la cual sería sobre la forma en la que se hizo el trámite y no de fondo.

La Ley de financiamiento con la que se espera recibir alrededor de 7 billones de pesos está a la espera de la decisión de la Corte Constitucional, que estudia las demandas que tiene actualmente la Ley 1943 de 2018.

La ley busca modernizar el sector de las tecnologías de la información en Colombia. Propone conectar a más de 20 millones de colombianos a internet y elimina la Agencia Nacional de Televisión.