Ley

A través de la Ley 2060 de 2020, el Congreso de la República amplió la vigencia del Programa de Apoyo al Empleo Formal –Paef– hasta marzo de 2021, para lo cual realizó una serie de modificaciones a los decretos legislativos 639, 677 y 815 de 2020.

Por otra parte, también amplió la vigencia del Programa de Apoyo para el Pago de la Prima de Servicios –PAP– para subsidiar parte del pago de la prima de servicios del segundo período del año; por lo tanto, este programa se amplía hasta diciembre de este año.

El 22 de octubre de 2020, mediante la Ley 2061, el Congreso de Colombia aprobó el convenio para evitar la doble tributación internacional en el impuesto de renta y de patrimonio que se había suscrito con Francia el 25 de junio de 2015.

Dicha ley, de acuerdo con lo indicado en el numeral 10 del artículo 241 de la Constitución Política de Colombia, debía ser enviada dentro de los seis días siguientes a la Corte Constitucional para que dicho organismo se pronuncie sobre si es o no una norma constitucional y pueda empezar a tener efectos prácticos.

A través de la Ley 2040 de 2020, el Congreso de la República pretende impulsar la contratación de personas adultas mayores que no gozan de pensión, promoviendo la autonomía y autosuficiencia económica del adulto mayor, garantizando así el envejecimiento activo, satisfactorio y saludable de la población colombiana.

El viernes 27 de diciembre de 2019 el Gobierno sancionó la Ley 2010 de 2019, llamada “Ley de Crecimiento Económico”, mediante la cual se busca mejorar el sistema fiscal del país, impulsar el desarrollo económico y, a su vez, beneficiar a los colombianos de menos ingresos.
Dentro de los aspectos más relevantes que contempla la norma se destacan la devolución del IVA al 20 % de la población más vulnerable, la reducción de cotización en salud del 12 al 4 % para los pensionados, incentivos tributarios para las empresas que contraten jóvenes entre los 18 y 28 años, modifican tarifas para profesionales independientes acogidos al SIMPLE, el límite para que los prestadores de servicios que contratan con el Estado se clasifiquen como responsables del IVA, entre otros aspectos.

Con la Ley 2005 de 2019 se crean incentivos tributarios para pequeñas, medianas y grandes empresas de productos de consumo masivo que compren productos elaborados con panela, provenientes de trapiches de economía campesina. Dicho incentivo consiste en el descuento del 100 % del impuesto de renta asociado a la venta de dichos productos durante 7 años, con posibilidad de prórroga de 5 años.
Cabe resaltar que mediante la Ley 2010 de 2019, más conocida como Ley de crecimiento económico, se deroga tácitamente el artículo 5 de la presente ley, lo cual quiere decir que para la vigencia 2020 los contribuyentes no podrán acceder a dicho beneficio.

Mediante la Ley 1995 de agosto 20 de 2019 el Gobierno limita el incremento del impuesto predial y fija una nueva modalidad de sistema de pago alternativo por cuotas, a la que podrán acceder los contribuyentes personas naturales propietarios de bienes o predios de uso residencial.
La norma también establece que los catastros ahora se regirán por el nuevo modelo del catastro multipropósito, implementado a través del artículo 79 de la Ley 1955 del 25 de mayo de 2019, y aprobado mediante el documento Conpes 3958, cuya meta es actualizar el 60 % del área catastral para 2022, y su totalidad para 2025.

El Gobierno nacional dejó en firme la Ley 1988 de 2019, cuyo objetivo es establecer los lineamientos generales para la formulación de la política pública de los vendedores informales, con el fin de garantizar los derechos a la dignidad humana, al mínimo vital, al trabajo y a la convivencia en el espacio público. En la norma en mención también se estipula que en un plazo de 12 meses los ministerios de trabajo y del interior se encargarán de elaborar, formular e implementar la mencionada política pública.
Será función del Departamento Administrativo de Planeación Nacional hacer el seguimiento a la elaboración y ejecución de dicha política.

El 24 de julio de 2019 se sancionó la Ley del actor, en la cual se establece la posibilidad de contratar los servicios de actores a través de cualquier vía para ello, es decir, por contrato laboral, por prestación de servicios y/o por cualquier agremiación, ya sea un sindicato, cooperativa o sociedad.
La norma también establece la creación del registro nacional de actores y actrices, que básicamente es una base de datos con la que se recopilará la información del gremio, en aras de la creación de políticas públicas que los beneficien. Esta nueva base de datos exige una serie de condiciones de formación académica y experiencia laboral para poder inscribirse a la misma.

Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”.

El viernes 28 de diciembre de 2018 el Gobierno sancionó la Ley 1943 de 2018, “ley de financiamiento”, por la cual se busca solventar las necesidades sociales planteadas en el Presupuesto General de la Nación de 2019, y a su vez generar empleo, promover la inversión privada y la equidad social, reactivar la economía, entre otros aspectos. Para lo anterior, mediante la presente norma, se introducen grandes cambios en materia tributaria para las personas naturales, jurídicas y demás. Dentro de esos cambios se destacan, entre otros, que las comisiones en las operaciones cambiarias pasan a ser excluidas del IVA, se elimina el término “régimen simplificado” y se implementa el nuevo término “responsables del IVA” donde se unifican los términos “régimen simplificado” y “régimen común”. En lo que respecta al impuesto de renta de las personas naturales, a partir del año gravable 2019 ya no se tendrán 5 cédulas para la liquidación del impuesto, sino solo 3, y el impuesto de renta para las personas jurídicas pasa de manera gradual de un 33 % a un 30 % en el año gravable 2022.

El Gobierno sancionó la presente ley, por la cual se aprueba el Convenio entre Colombia y el Reino Unido, que nace de la necesidad de eliminar la doble tributación con respecto a los impuestos sobre la renta y sobre las ganancias de capital, sin crear oportunidades para la no imposición o para la reducción de impuestos a través de la evasión fiscal o de la elusión fiscal.
El convenio será aplicable a los siguientes impuestos en el caso de Colombia: impuesto sobre la renta y complementarios e impuesto sobre la renta para la equidad –CREE–. Para el caso de Reino Unido se tienen los siguientes: el impuesto sobre la renta, el impuesto corporativo y el impuesto sobre ganancias de capital.

En la presente norma se define la propina como el reconocimiento en dinero que de forma voluntaria el consumidor otorga a las personas a manera de agradecimiento por el buen servicio. Por lo anterior, serán beneficiarios de la destinación del dinero producto de las propinas las personas involucradas en la cadena de servicios.
Cabe resaltar que la propina no podrá superar el 10 % del valor del servicio prestado; los propietarios y/o administradores no podrán intervenir en la distribución de estas o destinar parte de ellas a los gastos de funcionamiento del establecimiento y, por último, pero no menos importante, los ingresos por concepto de propinas no constituyen salario y no pueden ser retenidas por parte del empleador.