Contaduría Pública

El Consejo Técnico de la Contaduría Pública no tiene asignado entre sus funciones el elaborar las tablas de honorarios de los contadores públicos. Respecto al tema, la entidad ya se ha manifestado en diversas ocasiones.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 1 de la Ley 43 de 1990, se entiende como contador público, la persona natural que, mediante la inscripción que acredite su competencia profesional en los términos de dicha ley, está facultada para dar fe pública de hechos propios del ámbito de su profesión, dictaminar sobre estados financieros y realizar las demás actividades relacionadas con la ciencia contable en general. En consecuencia, si existe un acto administrativo, para el cual no proceden recursos, mediante el cual se suspende la inscripción del contador público, se entendería que este no cumple con los requisitos de inscripción señalados en el artículo 1 de la Ley 43 de 1990; en consecuencia, durante el período de suspensión el profesional de la contabilidad no estaría habilitado para certificar o dictaminar estados financieros de ninguna entidad.

Aunque los derechos y obligaciones del contador público con la empresa terminan en la fecha en que finaliza el vínculo laboral, es obligación de este dejar resueltos todos los aspectos relacionados con su ejercicio profesional hasta esta fecha, sin que esto implique que tenga que responder por nuevas situaciones presentadas después de su retiro.

Respecto a si un socio de una empresa puede hacer las veces de contador de la misma, el CTCP señala que sí puede ejercer como contador público, pues la inhabilidad establecida en el artículo 50 de la Ley 43 de 1990 solo aplica para el revisor fiscal.

El CTCP señala que cuando el profesional se desempeñe como contador público de una empresa deberá tener en cuenta los lineamientos establecidos en el código de ética para los profesionales de la contabilidad.

Si el tipo de vinculación del contador con la empresa es a través de una contrato de prestación de servicios, el pago de los honorarios al contador depende de los que las partes (empresa-contador) pacten en el contrato de prestación de servicios.

La Ley no ha establecido una inhabilidad para actuar como contador público cuando este se ha desempeñado como miembro del Consejo de Administración de la copropiedad; dicha inhabilidad aplica cuando ejerce como auditor externo, revisor fiscal, interventor de cuentas o árbitro en controversias contables.

La tarjeta profesional del contador público emitida por la Junta Central de Contadores – JCC– es la encargada de acreditar que esa persona se encuentra facultada para desempeñar el cargo de contador público, y por tal razón, se considera documento público. Por otra parte, teniendo en cuenta la inhabilidad establecida en el artículo 48 de la Ley 43 de 1990, el contador público no podrá ser contratado como contador de una entidad por el término de un año, a partir de la fecha de su retiro como auditor independiente.

La Junta Central de Contadores expidió la Resolución 000-0003 del 2 de enero de 2018, con la cual fija los valores de los trámites y servicios de esta entidad para la vigencia 2018. Así, el valor de la tarjeta profesional de contador público expedida por primera vez es de $303.000, mientras que el valor de la tarjeta de registro profesional expedida por primera vez de las entidades que presten servicios de la ciencia contable asciende a $3.907.000; en cuanto a la matricula profesional y a la modificación de la tarjeta de registro profesional, tendrán un valor de $303.000 y $391.000, respectivamente. Así mismo, el certificado de vigencia y de antecedentes disciplinarios para contadores públicos tendrá un valor de $28.000, en tanto que el de las entidades que presten servicios de la ciencia contable tendrá un valor de $52.000.

El CTCP precisa que la firma de estados financieros de liquidación implica una labor que, encontrándose dentro de los tiempos del contrato de prestación de servicios profesionales suscrito entre la entidad y el contador público, debe ser atendida por este profesional a fin de adelantar dicho trámite.

En línea con la política de reducción y simplificación de trámites que impulsa el gobierno nacional, se determinó la necesidad de modificar el procedimiento en línea para la inscripción por primera vez y expedición de tarjeta profesional del contador público o tarjeta de revisto profesional de las entidades que presten servicios propios de la ciencia contable, así como reducir los tiempos de respuesta, de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias previstas para tal efecto, y por consiguiente, era necesario establecer una normatividad que permita reducir y simplificar el tiempo del procedimiento en mención, contemplado en la Resolución No. 000-0973 de 2015. Por lo anterior, la Junta Centra de Contadores expidió la Resolución 000-1002 del 18 de diciembre de 2017 con la cual se modifican algunas disposiciones de la Resolución No. 000-0973 del 23 de diciembre de 2015, y se establecen mecanismos de racionalización y simplificaciones en el procedimiento en línea para la inscripción por primera vez y expedición de tarjeta profesional de contador público o tarjeta de registro profesional de las entidades que presten servicios propios de la ciencia contable.

El CTCP precisa que no existe normatividad que estructure inhabilidad para que un contador público acepte ser contador de una sociedad de un familiar. Sin embargo, es importante tener en cuenta las posibles amenazas que afectarían de manera directa la objetividad del cargo, debido a que se podría configurar un conflicto de interés como lo establece el código de ética.