Contaduría Pública

La Superintendencia de Sociedades expidió la Resolución 100-002629, por medio de la cuál se expiden y adoptan los manuales de usuario para tramitar los procesos, procedimientos y trámites de insolvencia mediante mecanismos digitales, y el uso y aprovechamiento de las TIC.

La Supersociedades expidió el Concepto 220-054181, mediante el cual aclara que la interposición societaria no es el único evento o situación en que se puede presentar la figura de fraude a la ley, pues le corresponde al operador judicial determinar a partir de un análisis en qué casos se presentó esta figura.

La Superintendencia de Sociedades expidió la Circular Externa 100-000007 de 2021, mediante la cual se informa a los representantes legales de sociedades de beneficio e interés colectivo –BIC– sobre el plazo para acreditar el cumplimiento de haber realizado, presentado y publicado el reporte de gestión BIC.

La Supersociedades expidió la Circular Externa 100-000005 para determinar el alcance de la política de supervisión respecto a las sociedades comerciales, sucursales de sociedades extranjeras y empresas unipersonales sujetas a la supervisión de la Delegatura de Intervención y Asuntos Financieros Especiales.

A través del Concepto 0157 de marzo 15 de 2021, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública –CTCP– indica que se requiere el uso del modelo del valor razonable para los activos biológicos solo cuando este sea fácilmente determinable sin un costo o esfuerzo desproporcionado, lo que significa que una entidad que aplique el Estándar para Pymes puede medir sus activos biológicos al costo utilizando la exención de costo o esfuerzo desproporcionado descrita en los párrafos 2.14A al 2.14D de la norma.

De esta manera, si al realizar los juicios descritos en la norma se concluye que la entidad puede aplicar el modelo de valor razonable, todos los cambios que surjan de este deberán ser reconocidos en el estado de resultados y no serían objeto de amortización, pues esto solo aplica si la entidad emplea el modelo del costo.

Por medio del Concepto 0112 de febrero 22 de 2021, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública –CTCP– explica que, para el reconocimiento de un impuesto diferido activo en una entidad que presenta pérdidas recurrentes, la entidad debe realizar un análisis para determinar si dispone de ganancias fiscales futuras con las cuales pueda compensar dichas pérdidas. De no poseerlas, debe abstenerse de reconocer impuesto diferido y deberá revelar tal situación en los estados financieros informando sobre aquellas pérdidas fiscales que puede compensar y sobre las que no reconoció el impuesto diferido.

Si del análisis en referencia se concluye que una parte de las pérdidas sí podrían recuperarse, el impuesto diferido debe medirse sobre las pérdidas fiscales objeto de compensación a futuro, aspecto que también debe ser revelado en los estados financieros.

A través del Concepto 0028 de enero 22 de 2021, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública –CTCP– indica que, si una entidad en un determinado período tiene la intención de liquidarse o de cesar sus operaciones, entendiendo que no existía otra alternativa, los estados financieros de períodos intermedios o de fin de ejercicio, elaborados y presentados con posterioridad a la decisión de la liquidación, serían los elaborados aplicando la Norma de Información Financiera para entidades que no cumplen la hipótesis de negocio en marcha, es decir, de acuerdo con los lineamientos del anexo 5 del DUR 2420 de 2015.

En este orden de ideas, los elementos de propiedades, planta y equipo de una entidad en liquidación deben valorarse por su valor neto de liquidación; por ello, no procedería una distribución sistemática del valor del activo mediante la depreciación, puesto que esto solo aplica para las entidades que cumplan con los requerimientos de un negocio en marcha.

El CTCP señala que no entregar el certificado de antecedentes disciplinarios podría representar un incumplimiento de las obligaciones del profesional contable.

Mediante el Concepto 1170 de 2020, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública –CTCP– determina las condiciones que se deben cumplir cuando se esté evaluando la hipótesis de negocio en marcha.
Se precisa que un ente económico no cumple la hipótesis de negocio en marcha cuando la administración o sus propietarios definan que no tienen la capacidad de evitar una liquidación o el cese de sus operaciones, o que no existe otra alternativa más realista que proceder con una de estas dos formas. De ser así, los estados financieros se deben preparar bajo las normas de información para entidades que no cumplen con la hipótesis de negocio en marcha.

Las certificaciones emitidas por un contador público con la finalidad de acceder al Programa de Apoyo al Empleo Formal –Paef– deben cumplir con los requisitos del artículo 59 de la Ley 43 de 1990, es decir, deben ser claras, precisas y ceñidas extrictamente a la verdad.

El CTCP recomienda, entre otros puntos, que el contador incluya únicamente información que haya sido verificada previamente y que indique los soportes de donde se extrajo dicha información.

La Resolución 000-860 de 2020 adopta el reglamento interno del Tribunal Disciplinario de la Junta Central de Contadores –JCC– y deroga la Resolución 000-129 del 04 de marzo de 2015, estableciendo así cuál es el funcionamiento de las convocatorias y deliberaciones, el quorum requerido para sesionar y las mayorías exigidas para tomar decisiones.

El Consejo Técnico de la Contaduría Pública –CTCP– aclara que no existe una inhabilidad expresa para que el profesional contable firme declaraciones a sus familiares en su calidad de contador público. No obstante, el contador debe evaluar antes la existencia de amenazas contra los principios fundamentales del Código de Ética.

Esto es así, por cuanto en el artículo 50 de la Ley 43 de 1990, que señala los servicios que el contador público no puede prestarle a las personas con quienes tenga relaciones de parentesco, no se encuentra restringido el del contador, sino únicamente los servicios de auditor externo, revisor fiscal, interventor de cuentas y árbitro en controversia de orden contable.