El número de mujeres que ocupan cargos directivos en el Estado continúa consolidándose. 42 % es el porcentaje de participación de ellas en cargos del máximo nivel decisorio. Al menos 30 % de los empleos de mayor jerarquía como ministros y viceministros, deben ser desempeñados por mujeres.
El Departamento Administrativo de la Función Pública presentó el Informe sobre el porcentaje de la participación de la mujer en los cargos de la administración pública en los niveles decisorios del orden nacional y territorial. Los resultados fueron obtenidos del análisis de los reportes de 1.430 entidades que suministraron información.
Dentro del indicador participación de la mujer en cargos directivos, establecido en el Conpes 3918 de 2018, la meta establecida para este año fue del 44.5 %, mientras que para el 2030 es del 50 %.
A través del informe se evidencia un consolidado del universo de entidades que efectuaron su reporte y resulta relevante mencionar que los porcentajes del cumplimiento de la ley de cuotas para la vigencia 2018 superaron el umbral de participación de la mujer del 30% que exige el artículo 4 de la Ley 581 del 2000.
Para dicha vigencia se obtuvo un 42 % de participación de la mujer en el máximo nivel decisorio, lo que indica que el porcentaje aumentó en 1 punto respecto de los resultados del 2017. Para los otros niveles decisorios se cumplió con el 45 % de participación de la mujer, por lo que se mantuvo igual frente a la medición del año 2017. Con base en los indicadores anteriores, en 2018 se logró un avance importante en la vinculación de mujeres en los cargos directivos con poder decisorio.
“La ley de cuotas se ha convertido en una herramienta poderosa para la búsqueda de la igualdad en materia de participación política y representación de las mujeres. Esta ley ha generado todo un movimiento hacia la equidad de género, creando los mecanismos que permiten que la mujer en Colombia cada día cuente con mayor participación en la toma de decisiones de todos los niveles de las ramas y demás órganos del poder público, promoviendo la superación de la discriminación de género en Colombia”, describe el documento.
Cabe destacar que, en el orden nacional en el máximo nivel decisorio, 5 de los 6 órganos y ramas del poder público cumplen con lo dispuesto en la Ley 581 del 2000. En cuanto a los otros niveles decisorios existe un alto cumplimiento, ya que todos los órganos y ramas del poder público cumplen con la ley. “La rama legislativa es la que alcanza el mayor porcentaje de participación de mujeres en cargos de máximo nivel decisorio y los entes autónomos en los otros niveles decisorios”, indica el informe.
“Esta ley se ha afianzado con el paso de los años y las entidades gubernamentales han trabajado cada vez más en la disminución la brecha que hay entre hombres y mujeres en la participación de los cargos directivos, en consecuencia, se han obtenido importantes resultados. Igualmente, el número de entidades que reportan ha aumentado año tras año, lo que demuestra la importancia social de esta ley”, afirma el informe.