La DIAN detecta 2.270 posibles proveedores ficticios y advierte sobre las facturas sin soporte real
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) identificó 2.270 posibles proveedores ficticios a partir de 8.626 visitas de control realizadas durante el tercer trimestre de 2025 para verificar el cumplimiento de la obligación de facturar electrónicamente. Según la entidad, estos se suman a los 425 contribuyentes que ya son objeto de investigación por estos hechos, conforme al artículo 671 del Estatuto Tributario.
La DIAN advirtió que no es válido soportar costos, gastos ni impuestos descontables con facturas emitidas por personas naturales o entidades declaradas como proveedores ficticios. El director general encargado de la entidad, Luis Eduardo Llinás Chica, invitó a los contribuyentes a denunciar estas conductas a través del Sistema de Denuncias de Fiscalización del portal institucional.
La entidad informó que adelanta acciones persuasivas con 3.638 contribuyentes que registran transacciones con proveedores ficticios, para que corrijan de manera voluntaria las inconsistencias de sus declaraciones. Entre enero de 2023 y octubre de 2025, la DIAN declaró y sancionó a 169 contribuyentes como proveedores ficticios.
Como parte de su estrategia contra la evasión asociada a la facturación electrónica, la DIAN mantiene publicado y actualizado el Listado de proveedores ficticios en su portal institucional. La entidad recomendó verificar a la contraparte antes de contratar o recibir facturas —consultando ese listado—, hacer la debida diligencia para evitar riesgos de lavado de activos y confirmar la habilitación del emisor de facturación electrónica y la existencia de soportes reales de la operación. Las denuncias sobre posibles proveedores ficticios pueden presentarse a través del Sistema de Denuncias de Fiscalización.
En materia de resultados, la Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera (POLFA), en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, desarticuló una organización dedicada a la expedición de facturas falsas a través de empresas de papel que soportaban operaciones simuladas de compra y venta de bienes o servicios, con el fin de que terceros se apropiaran del IVA o disminuyeran la base gravable del impuesto de renta. En el marco de esas investigaciones se produjo la captura de 27 personas por orden judicial y la aplicación de medida cautelar de extinción de dominio sobre 40 bienes inmuebles avaluados en 27,5 millones de dólares.
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