Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
La NIA 300 indica que la auditoría de los estados financieros requiere una planificación apropiada, que permita trazar un camino al logro de sus objetivos de manera eficiente. El auditor tiene la responsabilidad de planear esta auditoría para que sea efectiva.
La identificación y evaluación de los riesgos a los que está expuesta la empresa es un elemento clave que le permitirá al auditor planear adecuadamente los procedimientos de auditoría.
Las Normas Internacionales de Auditoría –NIA– definen los lineamientos para llevar a cabo este proceso.
El objetivo general de los papeles de trabajo es ayudar al auditor a garantizarle a su cliente y terceros que su encargo de auditoría se realizó en forma adecuada, de acuerdo con las normas establecidas.
Además, facilita la planeación, ejecución, supervisión y revisión del trabajo de auditoría.
La información es material si su omisión o error puede influir en las decisiones que los usuarios tomen a partir de los estados financieros. Por ello su preparación amerita el uso del juicio profesional para decidir qué información se debe incluir o excluir para efectos de una adecuada presentación.
Los profesionales de la contaduría pública que realicen encargos de revisoría fiscal, de auditoría financiera u otros relacionados deben atender las disposiciones establecidas en las Normas Internacionales de Auditoría –NIA–, para llevar a cabo esta labor de manera exitosa.
La ISAE 3000 permite que el contador público focalice su labor en la evaluación de riesgos específicos de la entidad, y que pueda realizar pruebas selectivas para obtener evidencia suficiente y adecuada al momento de emitir su opinión de auditoría.
El programa de trabajo de auditoría constituye un esquema organizado y clasificado de la labor a ejecutar por el profesional contable, quien debe atender las disposiciones establecidas en las Normas Internacionales de Auditoría –NIA– para llevar a cabo su labor de manera efectiva.
Los contadores públicos que realicen encargos de revisoría fiscal, auditoría financiera u otros relacionados deben aplicar las Normas Internacionales de Auditoría –NIA–. Por lo tanto, resulta indispensable conocer los parámetros que se deben atender en cada una de las etapas que componen este proceso.
La Ley 675 de 2001, establece la regulación aplicable a la propiedad horizontal. En este sentido sobre quien recaiga la administración de esta deberá regirse por las condiciones estipuladas en dicha norma, pues la extralimitación o incumplimiento de sus funciones es considerada como culpa leve.
La administración de la propiedad horizontal constituye un elemento fundamental para el correcto funcionamiento de esta. Así, el administrador deberá regirse por lo señalado en la Ley 675 de 2001 y procurar que su actuar esté encaminado hacia el resguardo de la copropiedad.
Dentro del proceso de planeación de la auditoría, el profesional debe identificar cuáles son las transacciones significativas. Es por esto por lo que, a la hora de realizar una auditoría de inventarios, la NIA 510 expresa que el objetivo del auditor deberá ser obtener evidencia suficiente y apropiada, respecto de la existencia y condición del inventario.
Para el año 2018, las sociedades que tengan activos brutos al 31 de diciembre de 2017 iguales o superiores a $3.688.585.000 (5.000 smmlv) y/o tenga ingresos brutos al 31 de diciembre de 2017 iguales o superiores a $2.213.151.000 (3.000 smmlv), deberán tener revisor fiscal.
Fundada en el año 2000 con la misión de “elevar el nivel profesional del Contador Público”
