Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
El CTCP aclara que el contador público es a quien le corresponde identificar, evaluar y hacer frente a las amenazas en la ejecución de su trabajo.
Según el Consejo Técnico de la Contaduría Pública –CTCP–, no hay una norma expresa que establezca la obligación de tener revisor fiscal en entidades sin ánimo de lucro.
CTCP emite recomendaciones sobre las implicaciones de la emergencia sanitaria declarada a causa del COVID-19 en la preparación y aseguramiento de la información financiera de las entidades colombianas.
En ese sentido, la orientación aborda los siguientes temas: 1. Principales implicaciones del COVID-19 en los estados financieros del período 2020, 2. Consideraciones para los informes del revisor fiscal, 3. Identificación y valoración de los riesgos de error material que se derivan del COVID-19, 4. Incertidumbres de los flujos de efectivo, 5. Implicaciones de los acuerdos de reorganización empresarial y 6. Implicaciones sobre el desempeño profesional del contador.
El CTCP aclara que la responsabilidad por el cobro de cuotas ordinarias y extraordinarias en una copropiedad son responsabilidad de la administración.
El CTCP aclara que la permanencia del revisor fiscal de una entidad no tiene un término de permanencia definido.
El Consejo Técnico de la Contaduría Pública –CTCP– explica que los revisores fiscales tienen la obligación de denunciar ante las autoridades los delitos contra la administración pública, además de poner dichos hechos en conocimiento de la administración y los órganos sociales de la entidad (ver artículo 26 de la Ley 43 de 1990).
Por ello, el CTCP recomienda que cuando el revisor fiscal de una copropiedad encuentre inconsistencias en el cumplimiento de las obligaciones fiscales realice las siguientes tareas:
• Informar por escrito al administrador de la propiedad horizontal.
• Si no se obtiene respuesta de parte del administrador, entonces informar al consejo de administración de la propiedad horizontal.
• Por último, considerar informar a la autoridad competente.
El Consejo Técnico de la Contaduría Pública –CTCP– explica que las copropiedades de uso residencial, por virtud del artículo 56 de la Ley 675 de 2001, no están obligadas a tener revisor fiscal. No obstante, en caso de que decidan tenerlo de forma voluntaria, este deberá ser un contador público.
La Ley 43 de 1990 también ratifica este requerimiento en sus artículos 2 y 13, al señalar que, para ejercer las actividades relacionadas con la ciencia contable, entre las cuales se encuentra la revisoría fiscal, es necesario tener la calidad de contador público.
El Consejo Técnico de la Contaduría Pública –CTCP– analiza si en medio de las circunstancias de la emergencia sanitaria debida al COVID-19 es posible suspender el contrato de un revisor fiscal.
Para resolver dicha inquietud, el CTCP expone que la asamblea general o la junta de socios es el ente encargado de la suspensión o remoción del cargo del revisor fiscal en una entidad, para lo cual deben observar las normas legales y los términos del contrato que hayan suscrito ambas partes.
El Consejo Técnico de la Contaduría Pública –CTCP– explica cuáles son las obligaciones que la ley le impone al revisor fiscal frente a la lucha contra el lavado de activos, entre las que se encuentra la de reportar a la UIAF las operaciones sospechosas que encuentre en el desarrollo de sus labores.
El CTCP reitera que la revisoría fiscal puede ser desempeñada por las sociedades de contadores públicos, siempre y cuando estas se encuentren inscritas ante la Junta Central de Contadores –JCC–. Al respecto, cabe resaltar que será necesario el nombramiento de un contador público para cada revisoría fiscal.
El 13 de noviembre de 2019, por medio de la Sentencia C-533, la Corte Constitucional declaró exequible el artículo 5 del Decreto 4334 de 2008. Al respecto, cabe resaltar que dicho decreto establece el procedimiento de intervención administrativa mediante el cual se suspenden las actividades relacionadas con la captación masiva e ilegal de dineros del público a través de pirámides, tarjetas prepago, entre otras operaciones no autorizadas por el Estado. En su artículo 5 se estableció que la Superintendencia de Sociedades podría realizar la intervención del patrimonio, bienes y haberes de los contadores públicos y revisores fiscales de las entidades objeto de intervención.
Atendiendo lo dispuesto en la Sentencia C-533 de 2019 la Corte Constitucional aclaró que los contadores y revisores fiscales que hubieran procedido de buena fe, y en el ámbito de sus actividades licitas ordinarias o habituales, no son sujetos de intervención por parte de la Supersociedades.
En las copropiedades de uso residencial la revisoría fiscal no es de carácter obligatorio, pero la asamblea puede nombrar de forma voluntaria un revisor fiscal. Este no tendría inhabilidad o incompatibilidad, o algún tipo de restricción para participar en las reuniones de los órganos de administración.
Fundada en el año 2000 con la misión de “elevar el nivel profesional del Contador Público”
