Cómo financiar los $30 billones de la reconstrucción: el mapa de las diferentes rutas que buscan los recursos
El terremoto del 10 de agosto no solo dejó centenares de víctimas y miles de viviendas destruidas: abrió una discusión sobre cómo pagar la reconstrucción. Las estimaciones preliminares calculan pérdidas económicas directas cercanas a los $30 billones —unos $24,5 billones en edificaciones y $5,5 billones en infraestructura—, equivalentes a alrededor del 1,6 % del PIB. Y ocurre en un país que enfrenta, según el propio Ministerio de Hacienda, un déficit fiscal que podría ubicarse entre el 7 % y el 8 % del producto. Sobre esa doble presión —la urgencia del desastre y la estrechez de las cuentas— han caído, en dos semanas, propuestas de casi todos los actores con voz en la política fiscal. Más que un choque de ideas, lo que hay es un abanico de rutas que conviene ordenar por lo que de verdad las distingue: el mecanismo por el que podrían hacerse realidad.
El Gobierno fijó una posición temprana: financiar la emergencia sin subir impuestos. El Ministerio de Hacienda ha insistido en que los recursos saldrían del crédito —un préstamo de hasta 450 millones de dólares con el Banco Mundial— y de la reorganización del gasto, con el Fondo Milagro como vehículo para canalizar aportes nacionales e internacionales. El Decreto 1261, que declaró la emergencia económica, habilita al Ejecutivo para expedir decretos con fuerza de ley que muevan recursos de forma extraordinaria: reorientar partidas, disponer de saldos de fondos especiales, echar mano de los activos del FRISCO administrados por la SAE y del Fondo de Ahorro y Estabilización de las regalías, y ampliar el mecanismo de obras por impuestos. Lo estructural —el hueco de las cuentas— lo dejó para otra vía: una reforma tributaria que anunció para septiembre.
La oposición respondió con una ruta opuesta. Desde el Pacto Histórico, el expresidente Gustavo Petro planteó que los recursos no salgan de más deuda, sino de recuperar el proyecto de reforma tributaria que su gobierno dejó radicado —por unos $20 billones, según dijo, «a cargo de los más ricos»— y tramitarlo con urgencia para cubrir buena parte de lo que exige la reconstrucción. A ello sumó un llamado a la Junta del Banco de la República para que baje la tasa de interés.
Las regiones entraron con propuestas territoriales. La Federación Nacional de Departamentos pidió facultades para que gobernadores y alcaldes reorienten recursos y ajusten sus impuestos, además de un IVA del 0 % para los materiales de reconstrucción, tarifas reducidas de IVA para el transporte aéreo y la hotelería en las zonas afectadas, exenciones de renta para nuevas empresas y la ampliación de obras por impuestos. La Federación Colombiana de Municipios, por su parte, propuso exoneraciones temporales de predial e ICA con compensación de la Nación, el uso del 7 % del Sistema General de Participaciones de deporte y cultura, y el desahorro de excedentes del Fonpet.
Entre las voces técnicas, el exministro de Hacienda Juan Camilo Restrepo —que dirigió la reconstrucción del Eje Cafetero tras el sismo de 1999— propuso ir más lejos que el Gobierno: usar las facultades del artículo 215 para crear tributos transitorios destinados exclusivamente a la reconstrucción, en lugar de dejar todo a la reforma general de septiembre. Calcula que el esfuerzo requeriría entre $20 y $40 billones y propone tomar como modelo el Forec, el fondo que administró aquella recuperación.
El planteamiento técnico más detallado lo presentó Anif. El centro de pensamiento propuso reasignar hasta $20,1 billones del presupuesto de inversión de 2026 no ejecutado, liberar cerca de $13,8 billones represados en el Sistema General de Regalías, habilitar créditos para microempresas con respaldo del Fondo Nacional de Garantías y extender obras por impuestos y obras por regalías a ciudades como Cali, Pereira y Manizales. También planteó crear un «Anticipo Solidario para la Reconstrucción»: un pago voluntario de hasta el 10 % del impuesto de renta que se descontaría al año siguiente y que, según el gremio, no sería un nuevo impuesto sino un anticipo. Su presidente, José Ignacio López, admitió que, como último recurso, podría subirse un punto del IVA de forma temporal, pero solo si antes se agotan las demás fuentes; lo calificó de «muy doloroso y muy impopular».
En el Congreso, mientras tanto, ya se radicaron varios proyectos. La bancada del Centro Democrático impulsa un régimen transitorio de obras por impuestos y un esquema de alivios del predial escalonado según el daño del inmueble, además del uso temporal del 4×1.000; y otros congresistas, como Santiago Barreto, radicaron iniciativas para ampliar obras por impuestos a los municipios declarados en desastre. A ellas se suma un proyecto para crear un sistema nacional de alerta sísmica temprana.
Detrás del abanico hay tres canales que definen qué es viable y por dónde. El primero es el decreto legislativo de la emergencia: permite, de forma temporal y siempre que guarde relación directa con el desastre, reorientar recursos, ampliar obras por impuestos e incluso crear tributos transitorios; pero cada decreto pasa a revisión automática de la Corte Constitucional —que ya designó ponente— y sus medidas caducan con la emergencia. El segundo es el trámite ordinario en el Congreso, la vía de la reforma de septiembre y de los proyectos de ley radicados, que exige cuatro debates y produce normas permanentes. El tercero es el territorial: las exoneraciones de predial e ICA que piden las regiones no dependen del Gobierno nacional, sino de los concejos y las asambleas, de ahí que los municipios pidan que la Nación compense el menor recaudo.
Ese mapa revela dónde hay acuerdo y dónde no. Casi todos coinciden en movilizar recursos existentes y capital privado: reasignar gasto, destrabar regalías y ampliar obras por impuestos aparecen en la mayoría de las propuestas. La divergencia está en los impuestos nuevos. El Gobierno los descarta para la emergencia y los reserva para la reforma estructural; la oposición quiere revivir la reforma anterior; Restrepo propone tributos transitorios desde ya; y las voces técnicas los ubican como último recurso. La aritmética presiona esa discusión: el presupuesto de 2027 arrastra un faltante de $30,2 billones, y aun contando los $21,9 billones que estimaba la reforma anterior quedarían por cubrir cerca de $8,3 billones.
Por ahora, ninguna de estas rutas está en firme. La emergencia funciona como «decreto madre»: habilita las facultades, pero los decretos legislativos con montos, beneficiarios y procedimientos todavía no se han expedido, y su alcance dependerá en parte de lo que decida la Corte. La reforma de septiembre no se ha radicado y el presupuesto de 2027 debe volver al Congreso. El debate sobre cómo pagar la reconstrucción, en suma, apenas empieza a decantarse: las propuestas están sobre la mesa; las decisiones, no.
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