Ley

Por medio de la Ley 2254 del 15 de julio de 2022 del Congreso de la República, se crea el programa Escalera de la Formalidad. Con este se establecerá el camino gradual de formalización de nuevas micro, pequeñas y medianas empresas en el país con el propósito de que se creen empresas formales y se genere un camino progresivo hasta los requerimientos que hoy existen. Las micro, pequeñas y medianas empresas ya constituidas o en proceso de formalización podrán ser parte del programa.

Las micro, pequeñas y medianas empresas que estén en el programa Escalera de la Formalidad tendrán, además de los beneficios propios de la formalización, las siguientes facilidades:

* Pasado tres (3) meses desde el registro o inscripción en la cámara de comercio, las nuevas empresas tendrán todos los beneficios de las leyes vigentes para ser beneficiarias de microcréditos por parte de entidades vigiladas y no vigiladas. El único requisito será el cumplimiento del marco legal para el análisis de riesgos. El Fondo Nacional de Garantías podrá ofrecer garantías especiales por el valor de esos microcréditos.
* Las nuevas empresas que exportarán o importarán deberán inscribirse en la Ventanilla Única de Comercio Exterior –VUCE–, en la que ningún proceso a través del Estado tendrá costo.
* El certificado de origen será gratuito.
* Para realizar exportaciones, las instituciones nacionales encargadas no podrán exigirles a las micro, pequeñas y medianas empresas que sean contribuyentes de renta; únicamente deberán ser expoliadoras conforme a la regulación aduanera vigente.
* Tendrán un impuesto de registro departamental gradual conforme al artículo 14 de esta ley.

Mediante la Ley 2242 de 2022, expedida el 8 de julio, el Congreso de la República legisló a favor de la creación de un mecanismo de pago mediante libranza cuando exista cuota de alimentos.

El Congreso expidió la Ley 2238 de 2022, mediante la cual se incluye al Distrito Especial Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico de Buenaventura en el régimen de tributación especial de la zona económica y social especial –Zese–, y se dictan otras disposiciones.

Mediante la Ley 2225 de 2022, expedida el 30 de junio, el Congreso de la República estableció que todos los empleadores están obligados a reportar sus vacantes al Servicio Público de Empleo, reportar quiénes fueron seleccionados o, en su defecto, las razones de no colocación. Este proceso se deberá realizar en 6 meses.

Mediante la Ley 2214 de 2022, expedida el 22 de junio, el Congreso de la República legisló a favor de que las entidades públicas garanticen que al menos el 10 % de los contratos de prestación de servicios no requieran experiencia.

Mediante la Ley 2213 de 2022, expedida el 13 de junio, el Congreso de la República estableció la vigencia permanente del Decreto 806 de 2020 y se adoptaron medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, y así agilizar procesos judiciales.

Mediante la Ley 2209 de 2022, expedida el 23 de mayo, el Congreso de la República modificó el artículo 18 de la Ley 1010 de 2006, referente a la caducidad de las acciones derivadas del acoso laboral. Se pasa de 6 meses a 3 años a partir de la fecha en la que hayan ocurrido las conductas.

Mediante la Ley 2208 de 2022, expedida el 17 de mayo, el Congreso de la República estableció incentivos económicos para fortalecer el acceso y las oportunidades en empleo y formación para la población pospenada, y se dictan otras disposiciones.

El Congreso de la República expidió la Ley 2208 de 2022, Ley de Segundas Oportunidades, cuyo objetivo es crear mayores oportunidades de acceso al mercado laboral para la población pospenada, o aquellas personas que se encuentren cumpliendo pena con permiso de trabajo, libertad condicional o suspensión provisional de pena con autorización de trabajo. Esto, mediante la creación de beneficios tributarios, económicos, corporativos y otros que impacten positivamente la estructura de costos de las empresas en relación con la contratación de este tipo de talento humano.

Los incentivos contenidos en dicha ley aplicarán para fortalecer el acceso y las oportunidades en empleo para la población que haya cumplido su condena y recuperado su libertad por la comisión de los delitos en Colombia, de acuerdo con la Ley 599 de 2000, o en el exterior; o que o se encuentre con prisión domiciliaria, con permiso de trabajo, con suspensión de la ejecución de la pena o con libertad condicional.

El Congreso expidió la Ley 2199 de 2022, mediante la cual adopta el régimen especial para la Región Metropolitana Bogotá, autorizando a imponer sobretasas a los impuestos administrados por las entidades asociadas.

La presente ley tiene por objeto adoptar disposiciones tendientes a prevenir los actos de corrupción, a reforzar la articulación y coordinación de las entidades del Estado y a recuperar los daños ocasionados por dichos actos. Esto con el fin de asegurar y promover la cultura de la legalidad e integridad y recuperar la confianza ciudadana y el respeto por lo público.

En materia contable la presente ley aborda temas referentes al registro contable de transacciones y las sanciones por violaciones a las prohibiciones sobre los libros de contabilidad.

En cuanto a la labor del revisor fiscal, este deberá verificar el cumplimiento y eficacia de los programas de transparencia y ética empresarial y emitir una opinión sobre estos. Así mismo, la ley establece la obligación de denunciar conductas punibles relacionadas con la administración pública.

Mediante la Ley 2191 de 2022, el Congreso de la República estableció las medidas que tienen por objeto crear, regular y promover la desconexión laboral de los trabajadores en las relaciones laborales dentro de las diferentes modalidades de contratación vigentes en Colombia, así como en las relaciones legales y/o reglamentarias, con el fin de garantizar el goce efectivo del tiempo libre y los períodos de descanso, licencias, permisos y/o vacaciones para conciliar la vida personal, familiar y laboral.